- La economía sumergida supone un 22.3% del PIB de Aragón, según datos de 2016. Se calcula que casi 400.000 trabajadoras del hogar ejercen su trabajo sin contrato ni afiliación a la Seguridad Social.
- Tres sectores a debate: trabajo doméstico, industria del calzado y hostelería; los trabajos más feminizados y más precarios.
Entre el ruido habitual de Zaragoza descansa el barrio de la Magdalena. Un reducto en el centro del Casco Histórico de la ciudad y repleto de calles estrechas y peatonales. En él se encuentra un hogar sencillo en el que apenas caben un salón, una cocina, un baño y un par de habitaciones. Y ahí está ella. Y parece cansada. Ella es Carmen -nombre ficticio-. Nació hace 38 años en un pequeño pueblo del interior de Ecuador. Residente desde hace 16 años en la capital aragonesa, es madre soltera; y aunque hoy dispone de vivienda propia y un trabajo relativamente estable cuidando personas de la tercera edad y realizando tareas domésticas, se encuentra en una situación de precariedad e irregularidad laboral, lo que ha supuesto un deterioro precoz de su salud.
Con frecuencia, Carmen tiene que dejar a su hija en casa de unos amigos para poder cumplir con sus obligaciones. Ella trabaja para que otros puedan hacerlo. Carmen cuida de su hogar pero también de los de otras personas: Cuida de padres, hermanos, limpia sus casas, les cocina, les atiende. Carmen ha trabajado con fiebre y ha sufrido accidentes laborales sin tener un contrato que la respalde. Carmen se dedica al sector del servicio en el hogar familiar.
Como ella, 185.351 mujeres extranjeras se dedican al trabajo doméstico en España; pero las cifras oficiales no reflejan a todas las empleadas del hogar que trabajan sin contrato, y que por ende no están afiliadas a la seguridad social. “Sin contrato he trabajado muchísimos años”, afirma Carmen. “Aproximadamente ocho años por lo menos. Hasta el día de hoy, que tengo trabajos sin contrato y otros con contrato”.
Al igual que Carmen, muchas otras mujeres trabajan más horas de las permitidas legalmente, pero es muy difícil demostrarlo. Trabajar en el sector privado tiene sus ventajas, pero no son ellas quienes las aprovechan, sino sus empleadores. Al trabajar para un particular resulta casi imposible que las inspecciones laborales accedan a los domicilios donde se cometen irregularidades.”Cuando se consigue ya está todo arreglado, la mujer está más que avisada: ‘como digas algo, te enteras’. Es imposible pillar in fraganti”, explica la abogada laboralista Natalia Martínez -nombre ficticio-. Al final todo se queda en casa.
A estas precarias condiciones se suman la soledad de vivir en un país diferente sin tener cerca a la familia, las largas jornadas de trabajo, o el simple temor a coger un catarro. La vida de Carmen no es fácil, pero ha encontrado su apoyo en otras mujeres en su misma situación que aúnan sus fuerzas para obtener los derechos que les corresponden. El Colectivo de Trabajadoras del hogar de Zaragoza, además de ofrecer apoyo laboral también constituye un punto de encuentro para quienes bregan en el territorio doméstico, en su mayoría migrantes. Yesenia -nombre ficticio-, portavoz del colectivo, aclara que muchas de las mujeres que están en él no tienen a su familia aquí y carecen de un círculo social donde sentirse acogidas. “Tratamos de cuidarnos entre nosotras, ya que las instituciones no nos conceden los derechos suficientes para sentirnos protegidas”, expresa.
Tras la ratificación del Convenio 189 de la OIT
La desprotección radica en una definición de escasa cobertura. Es la definición que el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo estableció en 2013 sobre las trabajadoras domésticas en su artículo primero, que describe a los trabajadoras del sector como aquellas personas que realizan “un trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo”. La existencia de tal relación depende de la firma de un contrato, que en ocasiones es inexistente, ficticio o incluso ilegal. Sin él, su condición de trabajadora se reduce a la de una ama de casa. Son amas de casas que no son las suyas. “En una casa que estuve aún me deben una semana de trabajo y la liquidación de 7 años. Reclamé, pero mi contrato era fraudulento. Me lo explicaron en la Seguridad Social”, recuerda Carmen. El hijo de su empleadora redactó ante la petición de Carmen un contrato que se alejaba de los términos legales.
El artículo 7 del C189 supone la comprensión de las condiciones laborales por parte de la trabajadora, que deben quedar reflejadas en el contrato. “Realmente sí que tienen una cobertura legal, porque sí que es un contrato que te permite la ley y es una categoría que existe en el convenio, pero no es lo que esta persona está haciendo en la práctica”, apunta Natalia Martinez -nombre ficticio-, abogada. Un ejemplo claro es el caso de las trabajadoras internas, que según el noveno artículo del Convenio, no deben permanecer en el hogar durante su período de descanso, que debe alcanzar las 24 horas consecutivas a la semana, tal y como confirma el artículo 10. Ríos de tinta que no desembocan en ninguna parte. En la vida de María José, tampoco.
María José no conoció el descanso durante tres años. Su aspiración como empleada del hogar era conseguir el alta en la Seguridad Social. Estuvo cerca de lograrlo. Aceptó un trabajo como interna que se convirtió en un trabajo a vida completa. “Tenía 2 horas al día libres y no dormía, solo paseaba por las calles. Descansaba cuando podía”. Ni el respiro ni la Seguridad Social llegaban. Además, su sueldo se vio reducido en doscientos euros, motivo: una persona menos a su cuidado y el ingreso de esta persona en un centro de día para mayores durante cuatro horas diarias. “Trabajaba 20 horas al día por 700 euros”, afirma María José.
En su caso, la nacionalidad española le protege de una preocupación que sí enfrentan otras empleadas de hogar: conseguir los papeles. Encontrar una situación de legalidad para las empleadas inmigrantes les conduce a una única salida: trabajar de internas. “No tener opciones al no tener papeles es no tener alternativa. Se quedan como internas…”, lamenta Yesenia, quien sólo aguantó un año de interna. “Cuidaba de una persona que se levantaba 10 veces por noche, y apenas me acostaba tenía que volver a levantarme para auxiliarla. Había que estar muy pendiente”, recuerda.
Cumplir con responsabilidades que afectan a la salud física y mental de la trabajadora conlleva la infracción del artículo 13 del Convenio: “Todo trabajador doméstico tiene derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable”. Carmen trabajó siete años cuidando de una señora mayor. Entonces, no disponía de grúas o equipos similares que le facilitasen movilizarla. “Y cuando llamaba a su hija simplemente me decía que lo hiciese, como pudiese...”, dice Carmen. Uno de los intentos de levantar a la anciana ocasionó una fractura en la espalda de Carmen. El resultado: dos años sin trabajar, dependendiendo de ayudas sociales y ahorros escasos.
Las trabajadoras del hogar: Sector con derechos en papel mojado. Casi 400.000 mujeres trabajan en servicios del hogar en situación irregular
Recurrir a la baja por accidente laboral no era una opción viable para Carmen. La falta de un contrato y, por consiguiente, del alta en la Seguridad Social, le impidieron el acceso a esta remuneración. “Si no estás dada de alta, no existes. No existes de cara al futuro, de cara a una baja médica, tampoco vas a estar cubierta por una prestación y el día de mañana tu jubilación va a ser seguramente no contributiva”, comenta Natalia, abogada laboralista que ha trabajado como asesora en un sindicato.
Esta es una situación que se repite en el ámbito del trabajo doméstico, aunque según el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleadores de Hogar existe la obligación por parte del empleador de dar de alta a la empleada. Las reformas de 2011 (Ley 27/2011, RD 1620/2011) en el Régimen de las trabajadoras del hogar supusieron un avance y modernización en sus condiciones laborales.
Sin embargo, con la entrada en vigor del Real Decreto 29/2012 dichas reformas acabaron siendo un espejismo para las trabajadoras cuyos servicios fuesen de menos de sesenta horas semanales. Este Real Decreto otorga la opción de trasladar la responsabilidad de darse de alta y abonar las cuotas de Seguridad Social a las propias trabajadoras y no a sus empleadores. Una opción vendida como autonomía para las trabajadoras y una carga menos para los empleadores, que termina en desprotección hacia las contratadas en casos de desentendimiento por parte del contratante. “Es un alta que en realidad no es del todo real porque estamos hablando muchas veces de infracotizaciones. Les dan de alta por cuatro horas mientras que están haciendo jornadas completas. Entonces la cotización es de menos horas y de menos base de cotización”, declara Natalia.
Según datos de 2009, 269.319 trabajadoras de hogar están afiliadas a la Seguridad Social. Sin embargo, se calcula que casi 400.000 mujeres desempeñan este trabajo de forma irregular. Además, las trabajadoras quedarían excluidas de los beneficios de la cotización del Sistema Especial para Empleados del Hogar.
Si parecían muchas las trabas legales que tienen las trabajadoras domésticas, hay que añadir los cinco años que lleva luchando el sector del trabajo doméstico para la ratificación en España el Convenio 189, que ampliará el marco de sus derechos. El Colectivo de Trabajadoras del Hogar tiene la esperanza de que España lo certifique. “Creo que si tiramos de una masa social y presionamos, podremos conseguir algo, aunque sea lo más urgente: El derecho al paro y la prestación.” afirma Yesenia. Tiene fe en que en el año 2020 se lleguen a igualar los derechos de las empleadas del hogar “con el resto de la clase trabajadora”.
En lo que se refiere el al despido, la relación laboral de una trabajadora del hogar puede finalizar por los mismos motivos que para el resto de trabajadores, establecidos en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores (mutuo acuerdo, por finalizar el contrato temporal , por dimisión del trabajador…) salvo algunos específicos, que no se pueden dar en este tipo de relación laboral. A un empleado de hogar no se le puedes despedir por causa de fuerza mayor, despido colectivo (ERE) o despido objetivo.
La precariedad y la inseguridad laboral no sólo afectan a las trabajadoras del hogar. Aragón registra un total de 2.945 personas dedicadas al sector textil, de confección, cuero y calzado, según el Instituto Aragonés de Estadística. Esta cifra se aleja de la realidad y Luisa lo sabe bien. Ella sube y baja varias veces al día las escaleras que le conducen al trabajo. Las cajas apiladas en la entrada anticipan la dureza de la jornada. Luisa abre la puerta y dirige la mirada a su fiel aliada: la máquina de coser. Desde que acabó sus estudios con sólo 14 años, se dedica a la ardua tarea de guarnecer -según el argot de la manufactura del calzado- zapatos. Hoy, después de 36 años, sigue sentada en la misma silla. Pero Luisa no trabaja en un taller ni en una empresa. Ella trabaja en casa. Sus vecinos escuchan cada día durante más de diez horas el ruido de su Singer. Sin embargo, a ojos del sistema es solo un ama de casa; su trabajo se sumerge en el océano de la ilegalidad.
Luisa organiza su trabajo a su manera: “Las condiciones las pongo yo”, asegura. No tiene jefe, tampoco contrato. Y de nuevo, sin contrato, no hay seguridad social. “Nunca he cotizado a la seguridad social por este trabajo, ni yo ni ninguna de las mujeres que conozco y que se dedican a esto”, aclara. Precisamente, la palabra ‘seguridad’ no define su trabajo. Luisa está expuesta a productos tóxicos e inflamables a diario. “Los zapatos desprenden mucho polvo, hay días que al terminar de trabajar y después de haberlo respirado durante tantas horas tus mocos son completamente negros”, cuenta. Aunque Luisa trabaja sola en su taller, vive con su marido y su hija de 14 años. Es por ello que hizo de su “cuarto de coser” la habitación más aislada de la casa.
Entre 150 y 200 pares de zapatos son los que Luisa confecciona al mes. El destino de su trabajo es un misterio para ella. No para el hombre que pasa a recoger las cajas cargadas de zapatos listos para el remate final. Este es el único contacto que tiene Luisa. Él carga las cajas, le entrega un sobre con el dinero correspondiente a la tarea y marcha. En esta labor obtener un sueldo medianamente digno requiere maratonianas jornadas de trabajo.“Quien espera obtener un sueldo completo de este trabajo como yo, tiene que dedicarle varias horas, entre 10 ó 12 horas al día. Estas jornadas equivalen a unos 800-900€”, revela Luisa.
Luisa forma parte del fenómeno de la economía sumergida. Según datos de 2016, la ‘economía negra’ supone el 22,3% del PIB de Aragón. Se calcula que la cifra de empleos no declarados asciende a 40.000 en la Comunidad.
“Estaba buscando trabajo por internet (...), pero la condición era acostarse de forma esporádica con el jefe”
Carmen y Luisa no se conocen. Cada una trabaja en diferentes sectores con distintos marcos legales. Viven en diferentes localidades, sin embargo, tienen en común algo que no pasa desapercibido: son mujeres. Mujeres que dedican su vida al trabajo, a cuidar de otros, a reforzar la economía familiar. Y todo a cambio de nada, ni siquiera a cambio de un contrato. Sin aval de seguridad ni condiciones laborales favorables, estas mujeres invisibles están expuestas al abuso de sus empleadores. Abuso que, en ocasiones, adquiere un carácter sexual.
Ni siquiera con un contrato fijo las mujeres están completamente a salvo del acoso. Entre 2005 y 2015, el organismo de Inspección de Trabajo realizó más de 5.600 actuaciones en casos en los que existía sospecha de acoso sexual, de entre los cuales solo 2.484 se transformaron en denuncias reales. Apenas el 1% han desembocado en sanciones o condenas, y los expedientes que se han tramitado se han saldado con un total de 64 infracciones con multas que ascienden a un total de 237.000 euros.
El número de actuaciones del organismo de Inspección de Trabajo aumenta exponencialmente con el descubrimiento de nuevos casos. Los 100 de 2005 solo han tardado una década en multiplicarse hasta los 1000 casos que encontramos en 2015. Según un estudio publicado en 2014 por la Agencia de la Unión Europea de Derechos Fundamentales, una de cada tres mujeres con una edad comprendida entre los 18 y los 29 años ha sufrido algún tipo de acoso de carácter sexual en su lugar de trabajo. El riesgo disminuye conforme avanza la edad de las trabajadoras, pero no llega a cero. Una de cada cuatro mujeres de entre 30 y 39 años se ha visto en esa situación.
Lo que parece una cifra fría sobre la pantalla del ordenador se convierte en el día a día de profesionales cualificadas que solo buscan una remuneración por su trabajo. A veces el acoso sexual no se hace evidente hasta que el contrato está firmado y resulta más complicado huir, pero en el caso de Alejandra, una joven periodista, la sorpresa llegó ya en el proceso de selección. Ella publicó en su cuenta de Twitter los correos electrónicos enviados por una empresa -cuyo nombre no desea revelar- y resulta evidente que, aunque su currículum estaba orientado hacia un empleo como periodista, su empleador buscaba otra cosa. “Estaba buscando trabajo por internet y vi una oferta de trabajo de personal assistant. Ofrecían un contrato de 3200 € al mes, pero la condición era acostarse de forma esporádica con el jefe”, comenta Alejandra.
Lo que parece una cifra fría sobre la pantalla del ordenador se convierte en el día a día de profesionales cualificadas que solo buscan una remuneración por su trabajo. A veces el acoso sexual no se hace evidente hasta que el contrato está firmado y resulta más complicado huir, pero en el caso de Alejandra, una joven periodista, la sorpresa llegó ya en el proceso de selección. Ella publicó en su cuenta de Twitter los correos electrónicos enviados por una empresa -cuyo nombre no desea revelar- y resulta evidente que, aunque su currículum estaba orientado hacia un empleo como periodista, su empleador buscaba otra cosa. “Estaba buscando trabajo por internet y vi una oferta de trabajo de personal assistant. Ofrecían un contrato de 3200 € al mes, pero la condición era acostarse de forma esporádica con el jefe”, comenta Alejandra.
Es la misma oferta que recibió Victoria, de Sevilla, con idénticos emails. Ella envió su currículum para optar a un puesto como camarera de un bar de ginebras de nueva apertura en Sevilla llamado Red Velvet y sufrió acoso sexual durante más de un año por parte de sus jefes. Actualmente el bar se encuentra cerrado.
Victoria explica su situación por correo electrónico:
“Estuve recibiendo mensajes más de un año, de hecho a veces todavía me llegan mensajes de ellos porque son tantas direcciones de correos que no doy abasto. (...) Ofrecían un sueldo de 3200€ a cambio de mantener relaciones esporádicas con tu jefe, me pedían fotos, entrevistas por Skype, me citaban en un café del centro…(...) Al principio no pasé miedo pero cuando vi que día tras día me llegaban más mensajes, y a cada cual peor, empecé a tenerlo, sí. Me sentí muy acosada. Les pedía que por favor parasen y me dejaran en paz, pero obviamente no hicieron caso.”
Alejandra, que ha viralizado la oferta en las redes, habla de la experiencia de buscar trabajo en internet como si se tratase de un campo de minas: “Veo muy a menudo a particulares que se aprovechan de gente que está buscando trabajo para ofrecerles trabajo como prostitutas”. En su cuenta de Twitter (@Relatofeminista), ha colgado otras propuestas sexuales fuera de contexto que le lanzaron a raíz de su búsqueda de empleo.
Las previsiones de la situación laboral de la mujer no se muestran alentadora. Un informe del Banco Mundial titulado Mujer, empresa y la ley (2018) arroja datos como que en 123 países no existen leyes contra el acoso sexual en el sector de la educación, en 59 no hay leyes contra el acoso sexual en el trabajo de ningún tipo y en 18 los hombres pueden impedir legalmente en trabajo a sus esposas. Como resultado de estas restricciones, el informe estima que unos 2.750 millones de mujeres no tienen las mismas oportunidades laborales que sus compatriotas masculinos. 500 millones de mujeres no tienen ningún tipo de protección contra el acoso sexual en el trabajo. 850 millones de mujeres viven en países en los que su libertad se ve restringida por la ley en mayor grado que la de un hombre. Pero el simple hecho de poder consultar estas cifras ya es un avance.
